martes, 11 de abril de 2017

Los esfuerzos de los partidos pro eutanasia para conseguir sus fines


ALFA Y OMEGA

Ya en la legislatura 1996-2000 se creó en el Senado una Comisión Especial de Estudio sobre la Eutanasia. La conclusión fue que no procedía la legalización. Desde entonces, rabiosos, los partidarios de dicha práctica hacen esfuerzos ímprobos por crear el caldo de cultivo adecuado para conseguir sus fines
El Congreso de los Diputados rechazó el 21 de marzo una proposición de ley de Unidos-Podemos que pedía la legalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Mejor suerte tuvo el texto sobre derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, presentado por Ciudadanos, cuya tramitación fue aceptada el 28 de marzo por una abrumadora mayoría (315 votos a favor, cinco en contra y 17 abstenciones).


Como recordarán, abrió esta moda Andalucía en 2010. Estaban cercanos el caso del Servicio de Urgencias del Hospital de Leganés (Madrid) y el de Inmaculada Echevarría (Hospital San Rafael de Granada). En su exposición de motivos, la ley andaluza dice: «El derecho a una vida humana digna no se puede truncar con una muerte indigna. El ordenamiento jurídico está, por tanto, llamado también a concretar y proteger este ideal de la muerte digna». Esta expresión, muerte digna, es imprecisa, ambigua y está totalmente ideologizada, hasta el punto de pasar por sinónimo de eutanasia. En España, por ejemplo, los partidarios de la eutanasia se agrupan en la Asociación Derecho a Morir Dignamente.

Otras siete autonomías han aprobado leyes similares: Aragón (2011), Navarra (2011), Canarias (2015), Baleares (2015), Galicia (2015), País Vasco (2016) y Madrid (2017). El 22 de diciembre Valencia presentó el anteproyecto de su propia ley en el aula magna de la Facultad de Medicina ante más de 400 personas (inaudito que un texto legal tenga esta puesta en escena). Asturias también está en fase de tramitación parlamentaria.

El contenido de estas leyes es un clon de la andaluza. No añaden ningún derecho (salvo en algunas el relativo a disponer de una habitación individual para pasar los últimos días de vida con la mayor intimidad posible y el acompañamiento de los suyos: cualquiera de ustedes puede comprobar el grado de cumplimiento de este derecho). El derecho a la información, a la intimidad, a rechazar un tratamiento, a tener un documento de instrucciones previas, a recibir unos cuidados paliativos integrales y de calidad, a recibir el asesoramiento del Comité de Ética Asistencial y otros varios ya estaban en nuestro ordenamiento; si se incumplen es básicamente por falta de recursos.

Se trata, por tanto, de leyes pastel, que sirven para tratar de quedar bien ante el electorado. Sorprende que el mismo PP que no apoyó la ley andaluza sea ahora un firme defensor de estos textos. Que los políticos actúen por razones de interés electoral, que se debata y se decidan los asuntos públicos en función de cómo se perciban los estados de opinión, me parece muy peligroso.

La obstinación terapéutica

El verdadero problema es la obstinación terapéutica. Como ponía de relieve hace poco la Organización Médica Colegial, en nuestro país se sigue muriendo mal, no por mala voluntad del personal sanitario (aunque algunos casos haya) sino básicamente porque faltan recursos asistenciales y formación. A esto es a lo que tiene miedo la gente, a morir con dolor. Y esto es lo que hay que solucionar, con recursos y formación. En estas circunstancias abrir el melón de la eutanasia sería tomar un atajo que aboca al precipicio.

Por otro lado, es mentira que en España no se haya estudiado esta cuestión. Cosa muy distinta es que el resultado fuese el apetecido por las opciones políticas e ideológicas partidarias de la eutanasia, que tratan de convertirnos por agotamiento. En la legislatura 1996-2000 se creó en el Senado una Comisión Especial de Estudio sobre la Eutanasia (17 marzo 1998 a 18 enero 2000). Ante ella comparecieron un número importante de destacadas personalidades de diversos campos, cuyas declaraciones podemos leer en el Diario de Sesiones. La conclusión fue que no procedía la legalización de la eutanasia. Desde entonces, rabiosos, los partidarios de dicha práctica hacen esfuerzos ímprobos por crear el caldo de cultivo adecuado para conseguir sus fines.

España no es una rareza en el mundo. Solo Holanda (2001), Bélgica (2002) y Luxemburgo (2008) admiten la eutanasia. Suiza, algunos estados norteamericanos (Oregón, Washington, Montana, Vermont y California) y Quebec en Canadá admiten el suicidio asistido.

Lo que está sucediendo en Holanda ratifica esa prohibición. Ahí está el caso de una veinteañera aquejada de anorexia, depresión, alucinaciones, obsesiones, tendencia al suicidio, compulsiones y autolesiones a causa de los abusos sexuales que sufrió desde los 5 hasta los 15 años… Todo eso no le impidió pedir la eutanasia de manera «lúcida e independiente» [sic]. Y el de un treintañero con autismo, que también había sufrido abusos sexuales en su infancia y que también pidió a su psiquiatra poner fin a su sufrimiento. Por último, en octubre último los ministros de Sanidad y Justicia solicitaron al Parlamento holandés que se expanda el significado del término para incluir a los ancianos que, aun sin estar enfermos, sienten que su vida ya no tiene sentido. ¿A dónde vas, Holanda?

José Ramón Amor Pan
Director del Máster de Bioética de las universidades de La Coruña y de Santiago de Compostela
Fecha de Publicación: 06 de Abril de 2017