Pbro. Fco. Javier Astaburuaga Ossa
Señor director:
Es lamentable que en Chile, la valoración jurídica de un proyecto de ley que atenta contra la vida no haya tenido la consistencia que se esperaba de los legisladores. No tiene justificación alguna causar la muerte directa de un niño con diagnóstico letal, pues en el programa Acompañar-es del Hospital UC se les acoge y acompaña junto a sus padres hasta el nacimiento y después.
¿Por qué razón hay que eliminar a un niño enfermo si se puede hacer mucho por él y sus padres?
Asimismo, ¿cómo puede ser posible que el violador quede en plena libertad y sin ninguna sanción y el niño que se ha gestado – sin tener responsabilidad en los hechos - sea condenado a la pena de muerte sin un debido proceso y violando su legítimo derecho a la defensa, pues es un sujeto de derechos garantizado en la Constitución y los Tratados internacionales y de derechos humanos?
¿Han estudiado los legisladores pro aborto los elementos fundamentales de la teoría del delito o su ignorancia raya en lo absurdo?
Y finalmente ¿por qué razón solo se considera el peligro de la vida para la madre, ignorando totalmente la vida del hijo que lleva en su vientre? ¿Es que los “honorables” del Congreso en Chile no conocen la práctica médica y la lex artis que les permite actuar en situaciones límites aplicando el principio del doble efecto, sin tener que asesinar al hijo por nacer y donde su muerte es una consecuencia indirecta, no buscada y tampoco querida?
En fin, creo que la ideología abortista ha clavado una estaca de muerte en el corazón de nuestra patria y las actuales y futuras generaciones cargarán con un dolor y consecuencias que no se borrarán jamás, aunque los abortistas pretendan decir lo contrario. Los hechos y la historia de los países con ley de aborto demuestran lo contrario y que el daño para la mujer, la familia y la sociedad es irreparable. Asimismo, existirá una grave responsabilidad de todos aquellos que debiendo hacerlo no se opusieron al proyecto abortista, siendo cómplices pasivos de una ley cruenta, pues aquí no se trataba de que el proyecto saliera lo más malo posible - como más de alguno lo planteó en el Congreso desde el inicio del debate - para que luego el Tribunal Constitucional lo rechace.
El proyecto en su origen es inconstitucional y viola la dignidad y derechos fundamentales de la persona humana. Los que optamos por la vida de la madre y del hijo que espera, no vamos a renunciar a seguir defendiendo la vida y tampoco vamos a negociar los derechos esenciales que brotan de la naturaleza humana ( art. 5 Constitución de Chile), pues aquí no se trata de acuerdos políticos y cálculos electorales. Aquí estamos de frente a la defensa de todo el andamiaje de los derechos humanos. Negarlo, significaría renunciar a un deber ineludible en defensa de nuestra identidad como pueblo.
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