jueves, 13 de abril de 2017

4 casos de sacerdotes procesados por delitos sexuales que probablemente no cometieron Francisco Vêneto


¿Por qué las declaraciones de inocencia no se publican con el mismo espacio que las declaraciones inculpatorias?

El escándalo de sacerdotes, religiosos y monjas de la Iglesia católica responsables de abusos morales, económicos y sexuales es un hecho dolorosamente real y comprobado en decenas de países de todos los continentes.
Y es deber de justicia denunciar y castigar con rigor cada uno de esos crímenes, tanto por parte de las autoridades civiles como de las eclesiásticas – no siempre, además, las autoridades eclesiásticas implicadas tuvieron mano firme para cumplir este deber, cayendo, algunas de ellas, en el escándalo añadido del encubrimiento de los abusadores.
Los Papas Benedicto XVI y Francisco han impulsado duras medidas para combatir tanto esos crímenes como su encubrimiento por parte de autoridades cómplices. Estas medidas sobresalen positivamente entre otras instituciones que, con mucho menos sensacionalismo mediático, también han sido acusadas de crímenes idénticos – y eso implica a políticos, jueces, autoridades policiales y del ejército, personas del mundo de las finanzas internacionales y de los grandes grupos mediáticos, estrellas del cine y de la TV y deportistas, además de otras religiones y sectas, por citar sólo algunos sectores afectados.
A pesar de ello, los medios de comunicación tienden a ampliar al máximo cualquier acusación contra la Iglesia, un trato que no es habitual con otras instituciones, y sin embargo no suelen destacar las noticias sobre la inocencia de sacerdotes calumniados o incluso presos por crímenes que no cometieron.
Es lo que se constata en los cuatro casos que presentamos a continuación.

Caso 1: España, 2017

Después de dos años y medio de investigación, el fiscal del caso Francisco Hernández retiró las acusaciones de abusos sexuales supuestamente cometidos contra un menor por un sacerdote católico de Granada, el padre Román Martínez, en el sur de España, por considerar que “no hay testimonios ni pruebas conclusivas”.
El fiscal destacó que las declaraciones del joven denunciante eran contradictorias y que su comportamiento incluía actitudes incoherentes. Aún no hay sentencia firme, y el veredicto puede ser recurrido, aunque de momento el denunciante ha sido condenado a pagar las costas del juicio.
El abogado del joven denunciante mantiene la petición de 26 años de prisión para el sacerdote. La Asociación  Pro-Derechos del Niño (PRODENI), que participó en el proceso como acusación particular, también pide 5 años de prisión para el p. Román.
El caso se volvió especialmente mediático después de que el joven recibiera una llamada telefónica del Papa Francisco en respuesta a una carta en que contaba al Santo Padre lo que supuestamente había sucedido. El papa le indicó que contara al obispo de la diócesis, Javier Martínez, su versión de los hechos, con el fin de iniciar la debida investigación.

Caso 2: Estados Unidos, 2016

La influyente revista norteamericana Newsweek publicó un extenso reportaje sobre la serie de falsedades del ex-acólito Daniel Gallagher, que se hizo conocido en el país como “Billy Doe”. Las mentiras del joven provocaron la injusta condena de tres sacerdotes y un profesor de la arquidiócesis de Filadelfia, acusados de abusos sexuales cometidos contra él.


Em 2011, Daniel Gallagher, entonces con 22 años, protagonizó portadas en Estados Unidos al afirmar haber sido violado varias veces por los sacerdotes Charles Engelhardt y Edward Avery (este último acabaría dejando el ministerio sacerdotal) y por el profesor Bernard Sheroe cuando cursaba quinto y sexto curso en la escuela parroquial de San Jerónimo, en Filadelfia.
Su testimonio llevó a la condena de los tres supuestos agresores y también del p. William Lynn, ex-vicario de la arquidiócesis para asuntos del clero, considerado culpable de encubrimiento. Fue el primer caso de la historia en que un administrador católico fue condenado por ese tipo de acusación.
El proceso se extendió contra la arquidiócesis de Filadelfia, condenada a pagar a “Billy Doe” una indemnización de aproximadamente 5 millones de dólares. La suma se pagó en agosto de 2015.
Durante ese tiempo, el p. Charles Engelhardt murió en prisión, en noviembre de 2014, tras denegarle la justicia una cirugía cardíaca.
Desde las primeras acusaciones lanzadas por “Billy Doe” en 2009, el joven presentó por lo menos nueve versiones diferentes de los supuestos abusos de que se decía víctima. Su historia, por más inconsistente que se revelase, fue suficiente para atraer la atención de la periodista Sabrina Rubin Erdely, de la revista Rolling Stone, que, en 2011, dio voz a las denuncias del chico en un larguísimo artículo titulado “The Catholic Church’s Secret Sex-Crime Files” (“Los archivos secretos de los crímenes sexuales de la Iglesia Católica”). El texto describía a “Billy Doe” como “un dulce y amable niño de buena apariencia juvenil”.
La misma periodista escribió más tarde sobre el caso de “Jackie”, estudiante de la Universidad de Virginia que declaraba haber sido violada por 7 hombres durante una fiesta de académicos. Poco tiempo después, se descubrió que la historia de 2014, ampliamente difundida en las portadas de los medios americanos y mundiales durante semanas, no pasaba de pura mentira de “Jackie”.
La revista Rolling Stone tuvo de retractarse públicamente – y ahora afronta dos procesos por difamación.
Volviendo al caso de los sacerdotes acusados por mentiras semejantes: la congregación religiosa del p. Engelhardt, los Oblatos de San Francisco de Sales, contrató los servicios del psiquiatra forense Stephen Mechanik para evaluar a “Billy Doe”, con orden judicial. En el informe de 40 páginas, divulgado por la revista Newsweek, el psiquiatra muestra los resultados de los exámenes de MMPI-2 (Inventario de Personalidad Multifásico de Minnesota), aplicados al joven acusador: en los exámenes, “Billy Doe” admite que mintió y que proporcionó “informaciones poco fiables” sobre el caso.
Para demostrar que el joven “no siempre fue honesto con sus prestadores de servicios médicos”, el psiquiatra hizo una revisión minuciosa de la trayectoria clínica de Daniel Gallagher, o “Billy Doe”: nada menos que 28 instituciones entre clínicas de rehabilitación por uso de drogas, hospitales, médicos y consejeros sanitarios.
En una de las mentiras de Daniel Gallagher, contada en 2007 y repetida en 2011, él se decía “paramédico y surfista profesional” y alegaba haber tenido que abandonar el deporte debido a la drogadicción. Ante el Dr. Mechanik, sin embargo, admitió que no era paramédico y que nunca fue surfista profesional.
El joven también afirmó que sufría de hernia de disco, pero el Dr. Mechanik constató que ninguno de los registros médicos indicaba diagnóstico alguno de ese cuadro. De la misma forma, en las acusaciones de abuso sexual, el joven presentó, según el perito, “informaciones contradictorias y poco fiables” sobre los detalles de los supuestos ataques, lo que implica que “no es posible concluir con grado razonable de certeza psiquiátrica o psicológica de que el Sr. Daniel Gallagher haya sido abusado sexualmente”.
La trayectoria de Daniel Gallagher incluye hechos verificados como el consumo y tráfico de heroína, además de la expulsión de dos escuelas secundarias y del paso por 23 centros de rehabilitación por uso de drogas en un periodo de 10 años. Fue además detenido 6 veces por robo y por tráfico de drogas, incluyendo un caso de posesión e intento de distribución de 56 paquetes de heroína.
“Curiosamente”, nada de eso parece haber levantado las sospechas de la justicia norteamericana, que dio crédito al joven a pesar de la falta de pruebas y, con base sólo a acusaciones contradictorias, condenó a prisión, injustamente, a los tres sacerdotes católicos y al profesor, señalados como violadores.
Y no fue por falta de alertas: en declaración confidencial obtenida y divulgada por Newsweek, el detective Joseph Walsh fue consultado, el 29 de enero de 2015, sobre nueve contradicciones importantes en la historia de Daniel Gallagher. El investigador afirma que, cuando interrogó al joven sobre sus contradicciones, Daniel adoptaba tres actitudes: o permanecía sentado sin decir nada, o se limitaba a alegar que estaba drogado, o contaba otra historia diferente.
La propia revista Newsweek afirma que hay un conjunto de razones para creer que Daniel Gallagher miente reiteradamente. La publicación cita, como ejemplo añadido a los ya mencionados, registros escolares de numerosas denuncias de lesiones físicas y psíquicas supuestamente sufridas por el joven – todas refutadas.
La cantidad de absurdos en el juicio de los acusados llevó al Tribunal Superior del Estado de Pensilvania, el 22 de diciembre de 2015, a anular por segunda vez la condena del p. William Lynn y a ordenar un nuevo juicio. Tres jueces concluyeron que la magistrada de primera instancia, M. Teresa Sarmina, había admitido como pruebas 21 acusaciones adicionales de abuso sexual contra el sacerdote – pero las acusaciones se remontaban a 1948, tres años antes de que el sacerdote naciera.
En el funeral del p. Engelhardt, el superior provincial de los Oblatos de San Francisco de Sales, p. James Greenfield, reveló que, en vísperas del juicio, el sacerdote fallecido había recibido la propuesta de “negociar un acuerdo para salir de la prisión y realizar servicios comunitarios”. El sacerdote prefirió quedar en la cárcel “porque no pretendía perjurar contra sí mismo al declararse culpable de un crimen que simplemente no había cometido”.

Caso 3: Colombia, 2015

El sacerdote colombiano José Isaac Ramírez fue liberado en octubre de 2015 después de tres años de prision – a los cuales fue injustamente condenado debido a la falsa acusación de abuso sexual contra un adolescente de 14 años. Después de la revisión de las supuestas pruebas, el juez del caso concluyó que no probaban la culpa del presbítero.

El p. Ramírez estaba en prisión desde 2012, después de que una jueza aceptara la petición de prisión contra él como “medida de seguridad”. Las acusaciones eran de “actos sexuales abusivos con menor de 14 años y exploración sexual de menor”.
El abogado del sacerdote, Elmer Montaña, afirma: “Nosotros presentamos a la fiscalía, desde el primer momento, una serie de testimonios de que el niño había sido manipulado e inducido a dar esas declaraciones contra el sacerdote”. Durante el proceso, “se cometieron serias irregularidades”, añade el abogado, particularmente en la denuncia presentada por el padre del menor.
El padre no tenía conocimiento de los supuestos hechos que denunció. Él mismo contó, en su declaración, que cuando llegó a la fiscalía, le mandaron firmar una denuncia. Además, la defensa probó que el niño había mentido para esconder una situación en que se había implicado en la iglesia”.
En la época de su prisión, el p. Ramírez era párroco de la iglesia de María Inmaculada en la diócesis de Soacha, en Bogotá. En prisión, dio la bendición a varios reclusos y atendió en confesión a varias autoridades presidiarias.

Caso 4: México, 2015

El p. Guillermo Gil era párroco en la iglesia de Santa Rosa de Lima, en la arquidiócesis mexicana de San Luis Potosí, cuando fue detenido el 27 de junio de 2014 por, supuestamente, haber abusado de un menor. Al año siguiente, fue absuelto porque nada se comprobó contra él.
No hubo pruebas. Las personas que le acusaron no se presentaron siquiera en el proceso canónico. Lo único que se esperaba era la resolución del juez, en el ámbito civil, para cerrar también el proceso canónico”, explicó Marco Luna, abogado de la arquidiócesis, añadiendo respecto de la familia denunciante: “Hace un año,  fueron llamados al tribunal tanto para formalizar el proceso como para ofrecerles la ayuda que habían solicitado. Pero la familia cambió de domicilio y no hubo posibilidad de localizarla. Extraoficialmente, sabemos que presentaron una carta al tribunal, hace unos quince días [en la época de la entrevista, en 2015], diciendo que ya no querían saber nada del caso”.
Liberado, el p. Guillermo Gil fue recebido por sus familiares y, con autorización del obispo, pasó un tiempo con su madre y sus hermanas, también afectadas por el trauma de la prisión injusta del sacerdote.
Marco Luna observó que, “tanto en el caso del p. Guillermo Gil como en el del p. José de Jesús Cruz, desde el principio no había certeza, no había pruebas de las acusaciones. Aun así, se les metió en prisión y permanecieron en esa situación durante casi un año”.